Autor: Pedro Fraile Balbín
Edita: Fundación Argentaria-Visor (Madrid, 1998 - 242 pág.)

Un rasgo distintivo de España durante el último siglo, según el profesor Fraile, no fue la aparición de argumentos a favor de la intervención estatal, sino que estos argumentos apareciesen unidos al ideario autárquico y trajesen como consecuencia efectos nefastos en el crecimiento y el bienestar.

Los argumentos a favor de la regulación los agrupa el autor bajo los siguientes cuatro apartados: la superioridad intrínseca de lo público sobre lo privado en la tarea de defender el interés general, la competencia tiende al monopolio (este argumento paradójicamente mantiene que, puesto que la competencia da lugar a los monopolios, eliminemos la competencia antes de que lo hagan las fuerzas del mercado), la competencia es un obstáculo para el fomento de la «riqueza patria» y la competencia es incompatible con la moral cristiana.

Estos argumentos condujeron a asociar a la competencia con la explotación de los trabajadores y de los más débiles en general, la imposibilidad de asegurar una calidad mínima de los productos y servicios, el egoísmo, la pérdida de autonomía del individuo y del consumidor, el caos, el fomento del consumo por el consumo, el estraperlo, y, sobre todo, la especulación.

Estos argumentos, como señala Fraile en las conclusiones, no valoran las ventajas de la competencia en cuanto a criterio de asignación de los recursos y los efectos redistributivos de toda intervención que beneficia a unos grupos a costa de otros (la intervención altera el equilibrio de la competencia creando monopolios y erigiendo barreras a entrantes potenciales y, de este modo, favorece a los productores frente a los consumidores o a unos productores a costa de otros con lo que la intervención no siempre beneficia a los más débiles).

También debería ponerse en duda las tres siguientes afirmaciones que hay detrás de la retórica contra la competencia: la gestión empresarial pública es más altruista y eficiente en todos los casos, la concentración conduce siempre a la anulación de la competencia y el comercio internacional perjudica a los consumidores o elimina el «tejido industrial nacional».