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domingo, 08 de mayo de 2005

Discapacidad y empleo en la España del nuevo siglo

La integración de los minusválidos en el mundo laboral es uno de los principales retos que se plantea actualmente la sociedad española discapacidad

Víctor G. Villarroel

ImageFoto: Pepe Varela
Según la primera encuesta sobre discapacidad, recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más tres millones y medio de españoles padecen algún tipo de minusvalía física o psíquica, lo que equivale al 9% de la población. Casi siete de cada diez discapacitados pertenecientes a la población activa, se encuentran actualmente en el paro. Una cifra excesiva que puede y debe disminuir gracias a las medidas legales de discriminación positiva, la formación y orientación profesional, así como la creación de Centros Especiales de Empleo (CEE).

Fernando Becerra, presidente de Federación de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA), atribuye a varias razones el alto porcentaje de paro que padece su colectivo. La primera tiene que ver con los prejuicios de los empleadores sobre la capacidad de los minusválidos para desempeñar eficazmente un puesto de trabajo. Creen, por ejemplo, que el rendimiento de estas personas es inferior al de los trabajadores sin discapacidad. Por el contrario, la práctica totalidad de los estudios llevados a cabo demuestra que la productividad de los minusválidos es, en muchos casos, superior a la del resto de los trabajadores, ya que, como se les suele exigir más, tienen que realizar un esfuerzo superior. Muy extendida está también la falsa idea de que los discapacitados tienen un mayor absentismo laboral. Por último, los empresarios desconocen las ventajas e incentivos fiscales que la ley concede a quienes contratan minusválidos.

A veces la alta tasa de paro del colectivo se debe a sus propios integrantes, que a menudo carecen de formación y cualificación profesional. Debido a ello es frecuente que las ofertas de empleo para minusválidos se queden sin cubrir. Por último, no hay que olvidar que, en muchas ocasiones, al discapacitado no le resulta rentable buscar empleo, toda vez que el salario que se le ofrece es inferior a su pensión.

Sin embargo, contratar a estas personas puede resultar rentable. Todo un conjunto de normas legales, con origen en la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) de 1982, establece medidas de protección al trabajo de los minusválidos. Según la ley 42/94 de 30 de diciembre, las empresas que contraten indefinidamente a un discapacitado tendrán una reducción del 75% en las cuotas de la Seguridad Social durante un plazo de tres años. Esta deducción puede incluso llegar a un 100% para el primer contratado, siempre y cuando no sustituya a un empleado que ocupara previamente la misma plaza.

Óleo sobre lienzo

Image «Flor en el suelo» de Juan José Molina / Óleo sobre lienzo 133 x 213 cm.

Cada contrato indefinido cuenta con una subvención de 500.000 pesetas y reducciones de las cuotas empresariales en una cuantía del 70% si el trabajador es menor de 45 años y del 90 si es menor. Si la contratación se hace en régimen de prácticas a tiempo completo o de aprendizaje, solamente habrá que abonar la mitad de dichas cuotas.

A cambio de estas ventajas, la ley exige que un mínimo del 2% de las plantillas de más de 50 empleados esté compuesto por personas impedidas, proporción elevada al 3% cuando es el sector público quien ofrece el empleo.

Sin embargo, ni siquiera la Administración cumple en la práctica las cuotas previstas por la LISMI. La razón principal es la falta de cualificación profesional de este colectivo, por la cual muchas veces ni siquiera se presentan suficiente número de minusválidos para cubrir las plazas que les corresponden.

Además, a veces existen circunstancias organizativas, productivas, técnicas o económicas que dificultan a las empresas para realizar esta reserva de puestos de trabajo. Para estos casos, desde el año pasado, se ha modificado la normativa e introducido dos alternativas a las cuotas.

La primera consiste en la suscripción de contratos merced a los cuales un trabajador autónomo discapacitado o un Centro Especial de Empleo suministre bienes o servicios a la compañía que no contrate la proporción de minusválidos prevista. La segunda es patrocinar actividades de inserción laboral o realizar donaciones a fundaciones o asociaciones de utilidad pública dedicadas a la formación, integración y generación de empleo para minusválidos.

Hay veces en que el discapacitado permanece en situación de desempleo sencillamente porque no le resulta rentable debido a que la pensión que cobra es igual o hasta inferior al salario que se le ofrece. Para estos casos, las asociaciones reclaman soluciones imaginativas. Fernando Becerra, en nombre de FAMMA, propone arbitrar soluciones para que no pierda la totalidad de su pensión cuando empiece a trabajar, sino que se establezca un tope máximo por encima del cual el interesado solamente recibiría su sueldo.

Los servicios de integración laboral (SIL) empleo discapacitados

Image Foto Emilio Soliva

Sin embargo, estas medidas fiscales se han revelado insuficientes para hacer frente a un problema psicológico como son los prejuicios. Hay que convencer a los empleadores de las ventajas de integrar minusválidos en sus empresas.

Para ello, las diferentes instancias interesadas en fomentar la integración laboral del discapacitado tratan de arbitrar maneras eficaces de cambiar la mentalidad patronal. Una manera de hacerlo es ofrecer candidatos capaces de cumplir con su cometido en igualdad de condiciones con una persona sin invalidez. Para seleccionar a los más idóneos, se han creado los Servicios de Integración Laboral (SIL), promovidos por asociaciones de discapacitados psíquicos o físicos y subvencionados por el Ministerio de Trabajo, las comunidades autónomas, los ayuntamientos u otros organismos oficiales. Según Sandra de Miguel, bajo cuya responsabilidad se encuentran los que ha puesto en marcha FAMMA, estas oficinas "entrevistan a los aspirantes, les preguntan por su nivel de estudios, experiencia profesional y otros datos que tratan de inquirir sus capacidades para ocupar cualquier puesto ofrecido". Los posibles empleadores envían sus demandas al servicio y éste se limita a proporcionar los perfiles que más se ajustan a sus necesidades. Finalmente, una vez seleccionado el más adecuado, el SIL realiza una labor de seguimiento para ver si se presentó a la entrevista, si se le contrató y, en caso negativo, los motivos del rechazo.

Como frecuentemente las razones en las que radica la falta de minusválidos en condiciones de ocupar un puesto de trabajo hay que buscarlas en su falta de estudios y capacitación profesional, muchos del SIL tienen también departamentos dedicados a la formación profesional. La mayoría de estos servicios de empleo están en manos de las asociaciones que representan a los discapacitados, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro privadas o públicas.

Existe también una intensa actividad formativa fuera de los SIL. Así, entidades como la Confederación de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), fundaciones como Empresa y Sociedad y las que sostienen Telefónica o la ONCE, así como organizaciones patronales del tipo de la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES) se hallan entre las que invierten más recursos en este capítulo. Por ejemplo, la empresa Fundosa Social Consulting, dependiente de la Fundación Once, está organizando una gran cantidad de cursos financiados con fondos públicos o a medias con las asociaciones, que se encargan de prestar los locales y aportar los alumnos. Es de señalar que muchos de los programas formativos no están dirigidos exclusivamente a discapacitados, sino que éstos los aprovechan en cuanto los centros en que se imparten guardan las más mínimas condiciones de accesibilidad.

Un defecto común en los primeros programas de formación de minusválidos que se organizaron en nuestro país era su falta de adecuación a las exigencias del mercado. En la actualidad, hay empresas, que, como Fundosa, se comprometen a emplear una proporción determinada de las personas que finalizan sus cursos (generalmente uno de cada tres). Existe asimismo una creciente tendencia a organizar cursos a la carta. Esto quiere decir que si una empresa necesita, por ejemplo, cinco cajeras, se convoca un curso con el exclusivo objeto de formarlas y se emplea a cuantas lo han superado.

Los Centros Especiales de Empleo (CEE)

Otra manera de crear puestos de trabajo para los minusválidos es la creación de empresas que les den preferencia a la hora de la contratación. Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuya plantilla debe tener, al menos, un 71% de minusválidos. Nacidos con el exclusivo propósito de integrar a los discapacitados en el mundo laboral, han ido evolucionando según las necesidades sociales. Los primeros surgieron a iniciativa de algunos padres de minusválido; ahora la mayoría pertenecen a entidades e incluso están dirigidos por los propios discapacitados. En sus comienzos, se pretendía que fuesen un puente para la inserción en el mercado de trabajo, pero en la práctica es excepcional que sus empleados pasen a empresas normales. La mayoría se creó y se mantuvo mediante subvenciones; hoy en día muchos de ellos son empresas perfectamente rentables, con ofrecen unos productos competitivos a un mercado cada vez más exigente.

Una gran parte desarrolla su actividad en el sector servicios. Al principio, generalmente se dedicaban a hacer subcontratas para empresas grandes, por ejemplo en el sector de manipulados. Hoy en día, los CEE abarcan los más variados campos de actividad: jardinería, limpieza, seguridad, fabricación de objetos de regalo, etcétera.

No obstante, hay una diferencia basada en el tipo de minusvalía. Los discapacitados físicos ejercen actividades relacionadas con el sector servicios. El diseño gráfico y la informática son dos de los campos con gran demanda laboral en los que destacan estas personas, tanto en los CEE como en oficinas normales o a través del teletrabajo Los disminuidos psíquicos, por su parte, se dedican a labores como la jardinería, la agricultura, etcétera.

El periodista Manuel Irusta, en su libro El Empleo Verde de los minusválidos, aparecido a mediados del año pasado, cifra en 19.000 el número da puestos de trabajo que crean los CEE dedicados a la horticultura. Demasiado pocos si los comparamos con lo que esta actividad crea en países como los Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos europeos. Mucho se ha avanzado desde que, en los años 50, Asprona emprendió los primeros intentos españoles para integrar laboralmente a los discapacitados. Sin embagro, queda un camino aún mayor por recorrer hasta que, como en el resto de Europa, lleguemos a tener ocupada a la mitad de las personas con algún tipo de minusvalía.

De momento, multinacionales de la potencia de Burger King, Mc Donalds o Carrefour, empresas como FREMAP e importantes compañías de seguridad privada como Prosegur confían en ellos. Lo mismo se puede decir del Grupo Eroski, que acaba de suscribir con la Fundación Once un convenio de colaboración para la formación de discapacitados, de los cuales integrará el equivalente al 10% de su plantilla.

Es de esperar que el ejemplo cunda y el empleo en este sector deje de ser una asignatura pendiente a la que hay que potenciar con medidas especiales.

Andalucía apuesta por la integración

La ciudad de Sevilla fue el marco en el que, a finales de febrero, se celebró la I Semana de Integración de Discapacitados, una iniciativa emprendida con la intención de trasladar a los empresarios andaluces de la Economía Social la normativa incentivadora que facilita ayudas a quienes contratan personas con alguna discapacidad y, por otro lado, estimular a los minusválidos a emprender medidas de autoempleo colectivo (creación de empresas cooperativas y sociedades laborales).

Pretendió también recordar a los empresarios con 50 o más trabajadores su obligación de mantener una cuota del 2% de discapacitados en su plantilla, ya que las medidas alternativas previstas por el Real Decreto promulgado en enero de 2000 impiden que ninguna empresa obligada eluda su compromiso por razones económicas.

El evento, organizado por la CEPES nacional y andaluza, la Fundación ONCE, y Fundosa Social Consulting Andalucía, analizó los diversos aspectos relacionados con la integración laboral de los minusválidos y, en general, con la Economía Social, una especialidad que crea casi un 5% más del crecimiento global de los puestos de trabajo creados en España los últimos años.

La jornada, pionera en su género, será extendida a otras comunidades autónomas y confirma la primacía de Andalucía en la integración laboral de los discapacitados, campo en el que, junto con Galicia, está desarrollando los esfuerzos más serios de cuantos se han emprendido en nuestro país.

El portal de empleo para discapacitados de Fundación Telefónica amplía sus servicios

Merc@dis, una bolsa virtual de empleo creada por la Fundación Telefónica, acaba de iniciar una nueva etapa de tres años convertida en portal de servicios de empleo para personas con discapacidad.

Para ello, la fundación que depende de nuestro primer operador de telecomunicaciones, firmó un acuerdo de colaboración con varios organismos públicos y privados (Imserso, Inem, Real Patronato sobre Discapacidad, Cocemfe, Aspace, Atam, Cepes, Cnasa, Ciapas, Fremap, Predif, Afem, Elabe y Coordinadora de Talleres de Cataluña).

La remodelada web, con información sobre ofertas y demandas de trabajo, cuenta al día de hoy con 300 empresas registradas y 47 ofertas de empleo con 703 puestos de trabajo, 2.400 demandantes de empleo, dos cursos de formación y 24 becas. Hasta la fecha ha registrado ya 1.500 ofertas de empleo para personas con discapacidad.

Según sus promotores, el nuevo sitio está concebido como una iniciativa complementaria de las actuaciones que vienen desarrollando las diversas administraciones públicas y numerosas entidades y asociaciones que trabajan en pro de la integración social y laboral de los minusválidos.

 
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